Nicaragua 2023

• El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, debe promover los derechos sexuales y reproductivos mediante campañas educativas y de información, dirigidas principalmente a adolescentes y jóvenes y vinculadas principalmente con los derechos sexuales y la no discriminación y las opciones sexuales, por diversos medios masivos (TV, radio, redes sociales).

• Respetar el carácter laico del Estado de acuerdo con lo que establece la Constitución Política en su Art. 14: “El Estado no tiene religión oficial”. Garantizar que no se oficialice ninguna religión y trabajar por la paz social, el desarrollo, el bienestar y el progreso de las y los nicaragüenses, con equidad y sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, tal y como lo determina el Art. 124: “La educación en Nicaragua es laica. El Estado reconoce el derecho de los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de orientación religiosa, a impartir religión como materia extracurricular

• El Gobierno, a través de las instituciones que velan por el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia, debe aprobar un Plan de acción que aborde el matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas como una problemática y que realice campañas de concientización sobre esta problemática.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, realice campañas permanentes sobre las opciones sexuales y la no discriminación, dirigida a toda la población con un énfasis en adolescentes y jóvenes

Impulsar, a través del Ministerio de Educación, la aprobación de una materia curricular de ESI con un énfasis en derechos sexuales y reproductivos que incluya los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

• El Ministerio de Salud debe reconocer en su Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva la necesidad de desarrollar estrategias específicas para mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las personas en situación de vulnerabilidad social, en particular, de la población LGBT y las víctimas de crímenes de odio y de abuso sexual (violencia de género), y ampliar la cobertura.

• El Ministerio de Salud debe reconocer en su Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva la necesidad de proveer servicios especializados orientados a la población joven de grupos tradicionalmente excluidos (LGBTI, jóvenes con discapacidad, jóvenes indígenas).

• Debe despenalizarse el aborto para garantizar el ejercicio de las mujeres de su derecho al aborto legal, gratuito y seguro, garantizando, así, su vida y su salud y el derecho a decidir, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Promover estrategias para eliminar el aborto inseguro.

• Contar con una estrategia nacional para la reducción de la mortalidad materna con amplia participación social y que incluya la atención de partos y emergencias en los territorios que no tienen acceso al sistema de salud.

• Cumplir con los compromisos internacionales en relación con la reducción de la mortalidad materna, e implementar programas de atención integral de la salud sexual y la salud reproductiva.

• Aplicar los programas de capacitación según las Guías y Normas aprobadas, sin discriminación por ningún tipo, incluyendo edad y diversidad cultural.

Se debe ampliar la oferta de la prueba del VIH, eliminando toda restricción, en los distintos hospitales públicos del país, sin distinción por tipo de población. De igual forma, se debe implementar mecanismos que permitan el acceso a la prueba a menores de edad que tienen una vida sexualmente activa.

Reforzar las campañas de prevención y de oferta de tratamientos disponibles, para toda la población en general con un énfasis en jóvenes, hombres y mujeres.

Que las instituciones como las comisarias de la mujer, cumplan con las rutas de acceso para unificar y evitar la revictimización de la mujer en distintas instancias. Asimismo, eliminar la mediación en la atención en las comisarías de la víctima de violencia.

Realizar campañas de información para dar a conocer a la mujer la ruta de acceso

• Trabajo interinstitucional y de coordinación entre las distintas instancias en los casos de violencia de genero e incrementar el número de refugios.

• En cuanto a la rendición de cuentas en general, garantizar el acceso a información oportuna y de calidad respecto de indicadores sociales (incluyendo SSR).