Uruguay 2023
1. Garantizar los mecanismos de acceso a la información sobre los derechos de SSyR, especialmente en el proceso de IVE, y los mecanismos posibles para su exigibilidad.
2. Garantizar el acceso de las 1073 mujeres privadas de libertad a servicios de SSyR de calidad en los centros de detención.
3. Registrar las sanciones aplicadas a los funcionarios que ejerzan violencia o actúen sin la debida diligencia.
4. Asegurar mecanismos de diálogos sociedad civil - Estado y de participación de organizaciones sociales que adhieren al Consenso de Montevideo para la definición, evaluación y control en la implementación de normas y compromisos asumidos por el estado uruguayo en materia de DSR.
Garantizar la laicidad consagrada en la Constitución de la República en todas las instituciones y organismos del Estado y en el contenido e implementación de las políticas públicas y en el funcionamiento de los servicios públicos de protección y bienestar social.
1. Que se modifique la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años.
2. Que se articulen políticas de prevención y seguimiento de las situaciones de embarazo infantil para la erradicación de la violencia sexual y maltrato a niñas.
3. Que se realicen campañas masivas de sensibilización sobre los efectos nocivos de las uniones y embarazos tempranos.
4. Sanciones para el funcionariado público en caso de incumplimiento de los protocolos de atención y detección vigentes.
1. Asegurar la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles de enseñanza
2. La Educación Integral en Sexualidad debe ser integrada en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación incluyendo la formación docente, con recursos materiales adecuados para cumplir con sus cometidos de asegurar condiciones para el ejercicio de los derechos
1. Diseñar sistemas de respuestas integrales que jerarquicen las políticas de salud sexual y reproductiva invirtiendo en el proceso reproductivo embarazo, nacimiento y crianza así como en la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles de enseñanza
2. Promover la formación continua de los equipos referenciales de SSR a través de la capacitación y actualización del personal en temas clave como embarazo en la adolescencia, embarazo infantil, anticoncepción, IVE, violencia de género y diversidad sexual
3. Mejorar los sistemas de registro e indicadores de salud sexual y reproductivas incluidas la vulneración de derechos en el proceso de embarazo, parto, puerperio y servicios de IVE , los cuales deben desagregarse por variables de género, edad, raza, condición de migrante, zona, etc.
4. Garantizar procesos efectivos de denuncia, respuesta y reparación frente a la vulneración de derechos en el proceso de embarazo, parto, puerperio y servicios de IVE
5. Desarrollar estrategias de difusión masiva de los servicios y de los alcances de la ley.
6. Es necesario asignar una línea presupuestaria destinada y etiquetada en el presupuesto nacional a la SSR para asegurar la sostenibilidad de las prestaciones y la calidad de las mismas en todo el territorio.
1. Asegurar el funcionamiento y la disponibilidad de servicios asequibles y de calidad para adolescentes y juventudes en todos los prestadores de salud públicos y privados teniendo en cuenta las múltiples intersecciones (afrodescendientes, étnico-raciales, migrantes, personas con discapacidad, identidad de género, orientación sexual y territorio).
2. Garantizar que los servicios cuenten con equipos multidisciplinarios formados en el tema focalizando no solo en la sexualidad entendida como enfermedad-salud sino como un derecho al disfrute de forma autónoma, saludable y libre de discriminación y esterotipos.
3. Desarrollar campañas de sensibilización, información y difusión derechos sexuales, sostenidas en el tiempo especialmente dirigidas a adolescentes y jóvnes, que tengan entre sus cometidos erradicar la violencia y la discriminación por género y diversidad sexual.
1. Realizar modificaciones reglamentarias que habiliten a los médicos de familia y/o obstetras parteras a formar parte de los equipos de SSyR en el proceso de IVE en base a los estándares de la OMS y los avances registrados en otros países.
2. Asegurar mecanismos de control genuinos y auténticos del ejercicio de objeción de conciencia para que la misma no obstaculice la prestación de este servicio, evitando causar daño a las usuarias.
3. Regular el ejercicio de objeción de conciencia a través de mecanismos de control genuinos y auténticos, que no impidan la prestación de este servicio, evitando causar daño a las usuarias.
4. Debe garantizarse el servicio de IVE en todos los prestadores del Sistema de Salud y contar con los equipos de profesionales requeridos para brindar la atención.
5. Implementar un sistema de registros con datos confiables que permitan garantizar denuncias o quejas en el proceso de IVE.
6. Promover la formación continua de los equipos a través de la capacitación y actualización del personal en IVE y violencia de género especialmente en niñas menores de 15 años.
1. Diseñar sistemas de respuestas integrales que jerarquicen las políticas de salud sexual y reproductiva invirtiendo en el proceso reproductivo, aborto, embarazo, nacimiento y crianza teniendo en cuenta las condicionantes socioeconómicas de las personas y sus intersecciones.
2. Asegurar la disponibilidad de servicios de atención a la salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional con equipos multidisciplinarios y formados en derechos.
1. Asegurar la auditoría y el cumplimiento de normativas, protocolos y guías clínicas por parte de las instituciones y los equipos de salud.
2. Capacitación y sensibilización continua del personal de salud de la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de género y para el cumplimiento de las normas y protocolos vigentes facilitando información a las usuarias para el pleno ejercicio de sus derechos
3. Asegurar el acceso a recursos eficaces en los casos en que los derechos de salud reproductiva de las mujeres y personas gestantes hayan sido vulnerados, incluido en casos de violencia obstétrica, y proporcionar capacitación al personal judicial y al personal encargado de velar por el cumplimiento de la ley.
4. Reducir el número de cesáreas innecesarias, mejorando la satisfacción de las personas gestantes respecto a la vivencia del parto.
5. Desarrollar campañas de información y promoción de prácticas saludables y formas seguras de parir para la sociedad en general y el personal de la salud.
1. Realizar campañas informativas y acciones de promoción de los derechos de las personas seropositivas y de las poblaciones afectadas.
2. Fortalecer la respuesta en la atención de las personas afectadas por VIH y los mecanismos de prevención, protección y reparación ante la violación de sus derechos.
1. Fortalecer el sistema de respuesta en VBG y garantizar un abordaje oportuno, eficaz e integral, consolidando la articulación y coordinación intersectorial, entre los organismos competentes.
2. Asignar presupuesto genuino para implementar la Ley No 19.580 atendiendo especialmente a la declaración de emergencia nacional.
3. Contar con información y datos disponibles y actualizados sobre detección y abordaje de la violencia basada en género en el sistema de salud.
4. Promover la capacitación y formación continua del personal destinado a la atención de la VBG.
1. Contar con sistemas de información de salud pública con datos oficiales, actualizados y accesibles que incorporen variables de interés (étnico-racial, situación de migrante, nivel socioeconómico y género ya que actualmente se desagrega por sexo).
2. Contar con mecanismos de participación efectiva y sostenida de la sociedad civil para el seguimiento de las políticas de población y desarrollo.