Bolivia 2023
El Ministerio de Comunicación, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, debe implementar una campaña sostenida sobre los DSyDR en medios públicos y privados, con alcance nacional, durante por lo menos doce meses.
El Ministerio de Justicia, conjuntamente con la Asamblea Legislativa, debe promover y aprobar la Ley de Matrimonio Igualitario.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, conjuntamente con los Ministerios de Salud y de Justicia, debe aprobar con carácter de urgencia la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en concordancia con lo establecido en el Art.66 de la CPE y con la exhortación que hace la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 a la Asamblea -legislativa Plurinacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacer pública toda la información disponible sobre los acuerdos existentes entre el Estado y las distintas instituciones religiosas del país.
El Estado debe otorgar un trato igualitario a todas las instituciones y cultos del país.
Asegurar el cumplimiento del carácter laico del Estado, establecido en el Art. 4 de la CPE, no dejando sobreponer intereses de sectores fundamentalistas religiosos a la garantía de derechos humanos en la elaboración de legislación y de política pública en todos los niveles de Gobierno
Otorgar mayor asignación presupuestaria a la atención de jóvenes y adolescentes especialmente en temas de salud sexual y reproductiva y prevención de embarazo adolescente y, para erradicar las uniones y matrimonios infantiles tempranos y forzados.
El Ministerio de Educación debe diseñar, impulsar la aprobación e implementar una estrategia nacional de educación integral en sexualidad que incluya un plan y un currículo específicos sobre el tema.
Asegurar la implementación de la Educación Integral en Sexualidad en el currículo escolar de todo el Sistema Plurinacional de Educación en Bolivia
El Ministerio de Salud debe aprobar el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y garantizar un presupuesto suficiente para su implementación.
El Ministerio de Salud debe instaurar un programa permanente de capacitación sobre atención de la salud sexual y la salud reproductiva para el personal médico en todo el país.
El Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, debe asignar un presupuesto anual suficiente para los servicios de SSR para adolescentes.
Garantizar que los gobiernos departamentales y municipales cuenten con espacios juveniles dentro de cada centro de salud, dando cumplimiento a la normativa de Atención Integral Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes (AIDAJ) que también insta a garantizar la participación de redes de jóvenes y adolescentes en la construcción de políticas públicas dirigidas a ellas y ellos.
Actualizar el Plan de Prevención de Embarazo Adolescentes una vez evaluados los resultados obtenidos del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015-2020. Fijar cada cinco (5) años, desde el Ministerio de Salud, un índice de embarazo adolescente aplicable a todo el territorio nacional, que sería monitoreado anualmente. Así, las Entidades Territoriales Autónomas que tengan un índice de embarazo en adolescentes por encima del fijado por el Ministerio de Salud deberán realizar acciones diferenciadas y podrán realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para la disminución de este índice.
Se debe despenalizar el aborto en todas sus formas e implementar políticas públicas que garanticen el derecho pleno al aborto seguro, libre, legal y gratuito.
Cumplir con lo establecido en la Sentencia Constitucional 0206/2014 sobre Interrupción Legal del Embarazo y la normativa que se desprende de ésta
El Ministerio de Salud debe crear un Programa de Traslados Hospitalarios dentro de las áreas de salud sexual y salud reproductiva y de salud materna.
Los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud deben garantizar un presupuesto suficiente para el Plan de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna para cada año de ejecución.
El Ministerio de Salud, a través de una resolución legislativa, debe establecer instancias y mecanismos de sanción al personal médico y de salud que cometiera negligencia médica o vulnerara los derechos de las y los pacientes.
El Ministerio de Salud debe instaurar un programa permanente de capacitación para el personal médico de todo el país acerca de la prestación de un parto humanizado.
El Estado boliviano debe asignar una partida presupuestaria coherente y suficiente para la atención y prevención del VIH /SIDA dentro del Presupuesto General
El Ministerio de Salud debe implementar un mecanismo de evaluación de calidad de la atención y de prevención para las personas que acuden a los servicios vinculados con VIH/SIDA.
Ampliar los procesos de capacitación al personal de todos los centros de salud del país, asegurando el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0206/2014 y la ruta crítica establecida para mujeres víctimas de violencia sexual.
Garantizar la implementación del Decreto Reglamentario de la Ley No. 348 respecto a la ejecución de los presupuestos asignados a los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y la FELCV.
Creación y funcionamiento de un mecanismo de coordinación intersectorial entre representantes del gobierno y de sociedad civil para dar seguimiento y monitorear el cumplimiento de lo comprometido en el Consenso de Montevideo, como parte de los mecanismos de rendición de cuentas.
Urge contar con información estadística desagregada mínimamente por sexo, edad, educación, ingresos y situación económica, origen étnico, ubicación geográfica, discapacidad con la finalidad de contar con información clara para la generación de política pública destinada a garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos.