Paraguay 2023

En términos generales Paraguay se encuentra algo por debajo del promedio regional respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo. Debe recordarse que este monitoreo social evalúa el marco legal, político y programático y no mide la implementación de los mismos. Se destacan los siguientes aspectos: Avance en los temas de VIH/Sida, servicios de salud sexual y reproductiva y servicios amigables para jóvenes, y los desafíos pendientes en aborto, educación integral en sexualidad y laicidad.

• Acercarse a las poblaciones afrodescendientes, indígenas, lgtbqia+, con discapacidad y ofrecer servicios específicos enfocados a sus necesidades. • Fomentar la participación y corresponsabilidad ciudadana para el cumplimiento y exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos. • Identificar y promover la actualización del marco jurídico en materia de derechos y salud sexual y reproductiva.

• Hacer efectiva la laicidad en los servicios públicos. • El gobierno, las leyes y políticas no sean influenciadas por la Iglesia católica, como lo ha sido siempre. • Que la educación sea laica en todas las instituciones públicas

• Que prime el Derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes de manera que no se encuentren expuestos, obligados a contraer matrimonio

• Creación de una Ley contra toda Forma de Discriminación y Ley de Identidad de Género, y cupo Laboral Trans

Diseñar e implementar programas de educación sexual integral formal en las escuelas, con enfoques transformadores de género, que modifiquen las normas socioculturales que refuerzan esta práctica nociva y prevengan las uniones tempranas y forzadas. Esto puede realizarse, además, en diferentes espacios comunitarios a través de la educación no formal, y ser dirigidas especialmente a las familias. • La creación de Programas o Planes Nacionales donde se aplique la EIS en distintos puntos del país.

Se debe dar una actualización del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de DDHH, interculturalidad y perspectiva de género, con principal énfasis en las poblaciones menos atendidas y/o más necesitadas. • El acceso universal debe ser equitativo, calificado y humanizado a la salud sexual y reproductiva, debe ser más que un enunciado teórico y convertirse en una realidad palpable, acorde a lo estipulado en el marco jurídico vigente del país, siendo un eje clave para avanzar hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Crear un lineamiento y programas específicos de servicios amigables para jóvenes y adolescentes de distintas poblaciones, especialmente las que se encuentren en situación de vulneración de sus Derechos. • Ampliar el servicio de atención amigable ya existente en más ciudades del país, y comunidades. Habilitarlos en las Unidades de Salud Familiar • Garantizar el acceso a servicios amigables a las poblaciones adolescentes y jóvenes afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, lgtbiqa+ entre otras llevando dichos servicios a sus comunidades.

• Ampliar las causales de despenalización del aborto, particularmente en casos de riesgo para la salud, en el caso de niñas y adolescentes y, cuando el embarazo es producto del abuso o violación sexual.

• Se recomienda seguir expandiendo estrategias exitosas de reducción de la mortalidad materna (de causas directas) y neonatal, como Código Rojo y ALSO (Soporte Vital Avanzado en Obstetricia, por sus siglas en Inglés) hacia otros sectores, como el privado y el de seguridad social, que atienden a un sector significativo de la población paraguaya. El actual Gobierno debe incluir en su agenda el seguir fortaleciendo dichas estrategias y, de esta manera, integrar a una mayor cantidad de talentos humanos del sector salud para reducir el número de muertes maternas directas evitables. • Mejorar la calidad y oportunidad de los controles pre natales, incluyendo al varón. • Fortalecer la Red Integrada de Servicios de Salud para la resolución de emergencias obstétricas y neonatales en cada Región Sanitaria, reducir las demoras en los servicios, y mejorar la capacidad de los equipos de salud según el nivel de atención

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe implementar el modelo de Maternidad Segura Centrada en la Familia con un enfoque intercultural en todos los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados, y realizar capacitaciones en parto respetado (parto humanizado) con un enfoque de derechos. • Brindar una atención respetuosa y calificada durante el parto, nacimiento y puerperio con enfoque de derechos, de género, intergeneracional e intercultural, atendiendo las especifi cidades de cada grupo. • Facilitar e incentivar la presencia en el parto, de la pareja o de una persona elegida por la embarazada, superando las barreras institucionales y culturales.

• Capacitación a personales de salud en atención sensibilizada, garantizar el respeto, la protección y la promoción de los Derechos Humanos en el tratamiento de las personas que viven y son afectadas por el VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y establecer las medidas preventivas para evitar la transmisión. • Implementar la EIS para la prevención de conductas de riesgo y el aprendizaje de conductas protectoras, como así también promover la desestigmatización de las personas que viven con VIH. • Actualizar a los recursos humanos de los servicios de salud sobre la promoción de las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, acorde a normativas vigentes, con enfoque de derechos, de género y de interculturalidad. • Garantizar el acceso a la profilaxis post exposición al VIH a toda víctima de abuso y violencia sexual.

• Reforzar las actividades específicas en marco a los acuerdos y legislaciones, de manera a incidir en la problemática actual que significa la violencia basada en género. • Aumentar el presupuesto destinado al Ministerio de la Mujer de manera a garantizar la intervención en zonas más vulnerables de nuestro país, tanto a nivel de prevención como de detección. • Fortalecer los organismos institucionales a nivel de trámites, por medio de capacitaciones a los funcionarios, para que los procesos judiciales no revictimicen y sean con perspectiva de género. • Fortalecer la implementación del modelo de atención integral y calificada en salud para las personas en situación de violencia.

Elaborar un mecanismo especifico de rendición de cuentas sobre el Consenso de Montevideo • Inversión estratégica de recursos y rendición de cuentas.